En el futuro, los consumidores de la Unión Europea tendrán derecho a la reparación de sus productos. Así lo establece una ley acordada por el Parlamento Europeo y el Consejo de Ministros a principios de febrero. Así pues, los productos defectuosos deberán poder repararse en un plazo razonable -a cambio de una tarifa- incluso una vez transcurrido el periodo mínimo de garantía de dos años.
Paralelamente a esta evolución, los Estados miembros de la UE han acordado recientemente el nuevo Reglamento de diseño ecológico para productos sostenibles, que, como reglamento marco, estipulará la reparabilidad en el diseño de muchos productos para los fabricantes en el futuro. TÜV Rheinland ofrece un nuevo servicio para que los fabricantes puedan demostrar la reparabilidad de sus productos.
La organización de ensayos examina detenidamente los productos y determina un índice de reparación. Los fabricantes utilizan el análisis y el índice de reparación para obtener la información más precisa posible sobre la reparabilidad y adaptarse a los nuevos requisitos legales. Esto permite demostrar la eficacia con la que se puede reparar un producto en caso de defecto o dónde hay potencial de mejora.
Para determinar el índice de reparabilidad, los expertos de TÜV Rheinland comprueban la documentación del producto y analizan el propio producto para determinar qué piezas son las más importantes para el funcionamiento de un producto que se va a reparar. Una prueba de desmontaje determina si un producto puede repararse realmente y cómo. El resultado de las pruebas es un informe con una evaluación transparente de la reparabilidad basada en un índice. Las pruebas se realizan de acuerdo con los reglamentos y normas sobre productos publicados por la UE o en Francia.
Aunque la nueva normativa aún debe ser confirmada por el Parlamento, TÜV recomienda a los fabricantes que empiecen ya a estudiar la reparabilidad de sus productos. Después de todo, los productos que pueden repararse fácilmente son muy valorados por los consumidores, especialmente por los compradores comerciales y las organizaciones de contratación pública de la UE.
La nueva normativa abarca numerosos grupos de productos, como lavadoras, frigoríficos, aspiradoras, teléfonos inteligentes y tabletas. En el caso de las lavadoras, por ejemplo, las normas estipulan que deben poder repararse al menos diez años después de su compra.
