En el comercio y la industria se generan residuos además de los productos deseados. Los residuos de producción, los envases, las pilas usadas, el aceite usado o los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, así como los residuos de demolición y construcción, deben eliminarse de acuerdo con la normativa. La normativa central es la Ley de Gestión de Residuos en Ciclo Cerrado, modificada por última vez en diciembre de 2020.
En ella se endurece aún más la obligación de evitar los residuos. Las empresas deben registrar los residuos según su tipo y cantidad, recogerlos por separado y organizar su eliminación. Se aplican normas especiales a los residuos peligrosos.
La Ley de Gestión de Residuos en Ciclo Cerrado (KrWG) es la normativa central de la ley de residuos. Según la jerarquía de residuos, la máxima prioridad es evitarlos. Le siguen la preparación para la reutilización (pruebas, limpieza o reparación), el reciclado, otros usos, en particular la recuperación de energía y el relleno. Los residuos que no pueden reciclarse deben eliminarse. Al hacerlo, debe garantizarse la protección de la salud y el medio ambiente.
En la práctica, las empresas deben registrar los residuos por tipo, con designación y código de residuo. Las cantidades y los costes incurridos también deben anotarse en dicho registro de residuos. De este modo, la visión de conjunto muestra también las posibilidades de ahorro para la eliminación.
Si se establece un sistema de gestión conforme a ISO 14001 o EMAS, deben recogerse datos relevantes para el medio ambiente y fijarse objetivos. En cuanto a los residuos, esto significa que deben determinarse los tipos y las cantidades y fijarse objetivos de prevención o reducción, especialmente para los residuos peligrosos. A continuación, debe controlarse si se alcanzan los objetivos fijados.
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